De acuerdo con el informe de Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo en México 2018, el país tiene un régimen anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo bastante maduro y con un marco legal e institucional bien desarrollado. 

Sin embargo, también tiene un riesgo significativo de lavado de activos, asociado a la delincuencia organizada que opera en territorio nacional, a la corrupción y a la evasión fiscal. Esto genera una preocupación considerable que, hasta hace poco, se agravaba por la limitada identificación del beneficiario final en los movimientos de dinero. 

Por fortuna, en noviembre de 2017 vimos la presentación de un proyecto de decreto para reformar de los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades mercantiles, cuyo objeto es establecer la obligatoriedad de registrar las transmisiones de acciones y partes sociales, identificando al beneficiario final. El texto ya fue aprobado y entrará en vigor a partir del 15 de diciembre de 2018, constituyendo una importante herramienta en la prevención de movimientos indebidos de dinero.

Utilidad de la identificación plena de socios y accionistas en la prevención del lavado de activos

En síntesis, el decreto obliga a las organizaciones a publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía para las publicaciones de convocatorias a asambleas y otros avisos de carácter obligatorio de las sociedades mercantiles.

En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, dicho aviso deberá contar con el nombre y domicilio de cada uno de los socios, las aportaciones y la transmisión de partes sociales.

En el caso de las sociedades anónimas, la publicación tendrá que informar el nombre, nacionalidad, y domicilio de cada accionista, así como la transmisión de acciones.

Con esta identificación de accionistas, México responde a la recomendación 24 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y demás amenazas que se ciernan sobre el sistema financiero internacional.

Esta identificación de accionistas y socios es un soporte más a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo objetivo es “Proteger al sistema financiero y economía nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia ilícita, mediante la coordinación interinstitucional. La finalidad es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos”. 

La identificación de accionistas y socios constituye una herramienta importante para monitorear los movimientos de dinero de personajes que actúan al margen de la ley y protegidos por la fachada de empresas reales o ficticias. Un duro flagelo para cualquier país, pues debemos tener en cuenta que el lavado de activos siempre está vinculado a actividades delictivas que, más allá de lo económico, causan un daño social de gran envergadura.